SIETE MAGISTRADOS DE VARIOS TSJ SE CONVIERTEN EN REFUERZOS
SIETE MAGISTRADOS DE VARIOS TSJ SE CONVIERTEN EN REFUERZOS DE LA SALA SOCIAL DEL SUPREMO PARA REDUCIR SUS 6.500 ASUNTOS PENDIENTES
Este pasado martes tuvo lugar en el Tribunal Supremo un acto protocolario de bienvenida de los siete magistrados de varios tribunales superiores de justicia, que tras haber superado un proceso selectivo y una entrevista con el actual presidente en funciones de la Sala de lo Social, Antonio Sempere y los coordinadores de Gabinete, se han incorporado como letrados al Gabinete Técnico del Supremo como apoyo para cada uno de los siete magistrados de esa Sala que aún se mantienen.
La iniciativa ha sido promovida desde la Sala Social del Supremo y cuenta con el visto bueno del Ministerio de Justicia, que ha hecho una dotación presupuestaria, el CGPJ y el propio Ministerio de Hacienda. Este refuerzo se realiza con el ánimo de reducir los 6.500 asuntos pendientes en esta Sala y está previsto que se mantenga por lo menos hasta diciembre de este año, aunque Sempere espera que se mantenga en el tiempo por la necesidad de mejorar la ratio de sentencias que se interpongan.
La selección de letrados de refuerzo se efectuó bajo la presidencia en funciones Rosa María Virolés. Se efectuó la selección y se realizaron las entrevistas el 19 de junio, estando el Tribunal seleccionador por encargo del presidente del Supremo compuesto por la presidenta de la Sala, Rosa María Virolés; el director del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo, Juan Manuel Sancristobal, y el letrado coordinador Santiago Marques.
Por lo que respecta a Contencioso, está organizado de otra manera. En plantilla son 33 magistrados y las vacantes alcanzan un tercio. Son ocho los letrados que apoyan a lo que queda de Sala con otro tipo de organización. En el caso de la Sala Social se intenta dar apoyo a las vacantes que han surgido por jubilación o fallecimiento, o en el caso de Lourdes Arastey, que pasó al TJUE como magistrada.
Antonio Sempere, presidente actual en funciones de la Sala Social del Supremo, explica que “estos nueve años en los que formo parte de la Sala me han servido para conocer sus debilidades y puntos fuertes. Es una Sala cohesionada con un déficit de personal importantísimo, pero al mismo tiempo con ganas de seguir siendo lo que la Constitución y la LOPJ quiere de nosotros en el ámbito laboral”.
Al mismo tiempo, destaca que “nuestra Sala tiene un doble cometido. El primero le afecta más directamente a la gente, que es lo que se llama hacer justicia y resolver el pleito. Eso se ve bien en un despido colectivo o en una jubilación, entre otros asuntos. Pero luego hay otro cometido referido al papel unificador de doctrina que realizamos. Frente a las opiniones distintas que nos llegan de los tribunales superiores de justicia, al Tribunal Supremo nos corresponde la tarea de unificar criterios. Es dramático que esa unificación de criterios tarde tiempo con lo cual ahora estamos resolviendo asuntos que llegaron a esa Sala hace tres años. Esto no es admisible desde ningún punto de vista. En buenos tiempos tardábamos entre nueve y 12 meses, que ha sido un tiempo razonable de respuesta”.
Crecen los asuntos, pero con poca plantilla
El problema radica en que “somos ahora menos magistrados y los asuntos no dejan de incrementarse, lo que genera ese retraso. Ahora, mientras se soluciona el problema del bloqueo del CGPJ que permita cubrir las vacantes de esta Sala Social hemos ideado, por así llamarlo, un plan alternativo que desde el 1 de septiembre ya está operativo”.
“Las ultimas presidencias anteriores a la mía de María Luisa Segoviano y Rosa Virolés ya iniciaron un camino que ahora culmina. Cuando advertimos que un asunto es muy relevante le damos prioridad porque estamos amparado en un acuerdo de nuestra Sala de Gobierno publicado en el BOE y que permite que ese asunto tenga prioridad respecto a otros”.
Al mismo tiempo, recuerda que “desde este 1 de septiembre tenemos por primera vez un refuerzo directo a los magistrados de la Sala Social para poder elaborar mayor número de sentencias. Han llegado siete magistrados del máximo nivel procedentes de distintos TSJ y el objetivo es que cada uno de ellos nos ayuden a incrementar nuestro ratio de sentencias mensuales. Se trata de pasar de las 10 mensuales a por los menos 25 o 27”.
Desde su punto de vista, “este puede ser un salto cualitativo importante. Esas siete personas han dado un paso al frente porque conservan su condición de magistrado de TSJ, están destinados en comisión de servicio de forma provisional con nosotros y han venido a ayudarnos. Eso significa que los siete magistrados de la Sala Social vamos a trabajar mucho más a partir de ahora”.
El trabajo de estos magistrados que acaban de llegar promueve una coordinación vertical con cada magistrado de la Sala. “La coordinación del proyecto la llevo yo como presidente en colaboración con el letrado coordinador del Gabinete, Santiago Marques. Cada una de ellas está de apoyo a cada uno de nosotros para que faciliten nuestro trabajo”.
Respeto a la forma de funcionar, Sempere subraya que “ellos no entran en deliberación ni por supuesto firman, no ejercen funciones jurisdiccionales. En asuntos que previamente hemos seleccionado que vemos que se resuelven aplicando doctrina nos ayudan a la argumentación del mismo.
“Son asuntos casi repetitivos. Esto significa que hay una deliberación a doble nivel. Por un lado, los asuntos nuevos, y por otro lado en la sobrecarga de asuntos donde el auxilio que nos prestan va a ser fundamental. Ahora mismo tenemos unos 6.500 asuntos pendientes”, aclara el propio Sempere.
El magistrado señala que “estamos dictando unas 1.100 sentencias al año y unos 4.500 autos. Eso significa que si no entrasen asuntos nuevos diríamos que dentro de un año y ocho meses estaríamos al día, pero como es imposible, o se cubren las plazas o se mantiene este refuerzo o el retraso seguirá creciendo en los próximos años”.
Desde su punto de vista, “esta necesidad es clara y debe estar fuera de cualquier debate político. Creemos que es un refuerzo que viene para quedarse. Queremos hacer un esfuerzo con la Sala de Gobierno y la propia Presidencia del Supremo para trasladarles que no es algo coyuntural y que debe consolidarse si queremos que el Tribunal Supremo cumpla su función en beneficio de nuestra sociedad”.
También señala que “este fue un acuerdo de esta Sala Social que se tramitó a través del órgano del gobierno del Supremo, que con el aval del CGPJ se propuso al Ministerio de Justicia que con el visto bueno del Ministerio de Hacienda hizo la dotación presupuestaria adecuada para ponerlo en marcha, Ya están operativos desde el pasado 1 de septiembre”.
El presidente de la Sala Social del Supremo confía en que esta iniciativa salga bien “que podamos hacer un balance positivo dentro de seis meses dejando claro cuántos asuntos hemos logrado desatascar de nuestra Sala, lo que podría ayudar a que la iniciativa se mantenga a lo largo del tiempo, como es nuestra intención.
Raquel Vicente es uno de esos siete magistrados que van a reforzar la Sala Social del Supremo. Procede del TSJ de Valencia y cuenta con un amplio currículum. “Con esta medida se trabaja en reducir esta disfunción institucional que afecta al funcionamiento del Tribunal Supremo por no cubrir esas vacantes ante el bloqueo del CGPJ, que no permite nombramientos en varias Salas del Supremo, entre ellas esta Social”.
“Todos somos magistrados especialistas, esto significa no sólo aprobamos la oposición de carrera judicial, que es la más conocida, sino también una oposición interna que se llama magistrado especialista. Es un mérito añadido, pero luego los perfiles son muy diversos”.
Otra cuestión que indica es que “todos estamos en Sala de estos TSJ. En mi caso estaba en la Sala de lo Social del TSJ de Valencia y pertenezco a la red de expertos en derecho de la UE del CGPJ y también formo parte de otras redes como la que hay existente del Consejo de Europa. Al mismo tiempo, soy doctora en Derecho, como sucede a otros compañeros elegidos.
En su opinión “la medida es muy positiva, porque nosotros estamos para apoyar en la decisión de los magistrados de esa Sala Social y así evitar el colapso de la misma. Funcionamos desde el concepto onetoone. Cada uno de los letrados que hemos entrado servimos de apoyo a un magistrado de dicha Sala que siguen operativos en este momento”.
En su caso recuerda que “estoy apoyando las decisiones y trabajo del magistrado Ignacio Garcia-Perrote. La verdad que el discurso esta mañana del presidente de la Sala Social Antonio Sempere ha puesto en valor el trabajo que vamos a desempeñar, al mismo tiempo reconociendo la labor que el Gabinete Técnico siempre ha prestado a la institución. Le estamos muy agradecidos al presidente, han sido unas palabras muy emotivas”.
Evitar el colapso de la Sala Social
Desde su punto de vista “se trata, como se comentó en el acto de este martes, de remar todos juntos para darle el refuerzo suficiente a la Sala Social del Supremo para que no se colapse. Se trata de sacar el trabajo y que los asuntos sigan su curso como hasta ahora y reducir el tiempo de demora en la Sala, que está llegando a ser de tres años”:
En cuanto a la forma de trabajar, Vicente aclara que “cada uno de nosotros tiene acceso a realizar borradores sobre propuestas de resolución sobre asuntos obiter dicta, son asuntos donde el criterio del tribunal Supremo está establecido. Nuestra labor es ayudar a la confección de la argumentación jurídica de la deliberación. Ahí lo vamos a realizar en estos meses próximos hasta que acabe el año. Luego la continuidad dependerá de la dotación presupuestaria que haya”.
A su juicio, “este tipo de medida debería poner mantenerse en el tiempo. Hay que darse cuenta que, aunque se constituya el CGPJ, sus nombramientos en el tiempo no son de carácter inmediato. Habrá que ver si el Ministerio de Justicia acaba facilitando la renovación de nuestra actividad una vez concluya ese primer periodo, para el cual hemos sido destinados en comisión de servicios”.
Uno de los temas que le preocupa a esta magistrada a nivel profesional es todo lo relacionado con el fraude “esta es una materia que sigo muy de cerca en los últimos tiempos. En este caso, las instituciones europeas como el TJUE y España que h asumido la presidencia europea han tenido cierta influencia en nuestra reforma laboral. En este caso, la directiva Whistleblowing quiere hacer un cambio en la sociedad española con un impacto notable en las relaciones laborales”.
Vicente explica que “estudiamos la trasposición de la citada directiva tras la ley de febrero que aprobó en el Parlamento español. Ahora veremos el recorrido, pero todas las medidas aprobadas son muy positivas como indica la exposición de motivos de la norma. Es una norma para la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos. Tendrá un impacto en las relaciones laborales a efecto de inversión de la carga de la prueba. Tienen una dimensión de transversalidad”.
Al mismo tiempo, esta jurista recuerda que “la ley que traspone la directiva de protección al denunciante modifica la LISOS, como normativa sancionadora, lo que significa que si no la tienes implementada como empresario pueda llevar a multas de incluso un millón de euros. Esta es una de las cuestiones que he reflejado en un estudio que he realizado llamado La protección del informante en el marco del compliance, editado por Dykinson recientemente”.
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