LAS PYMES, EXPECTANTES: LA COMISIÓN EUROPEA ULTIMA UN REGLAMENTO QUE OBLIGARÁ QUE SE LES PAGUEN LAS FACTURAS EN 30 DÍAS
LAS PYMES, EXPECTANTES: LA COMISIÓN EUROPEA ULTIMA UN REGLAMENTO QUE OBLIGARÁ QUE SE LES PAGUEN LAS FACTURAS EN 30 DÍAS
La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) ha aplaudido el anuncio de la presidenta de la Comisión Europea, UrsulavonderLeyen, en su discurso anual sobre el Estado de la Unión, sobre que la propuesta del nuevo Reglamento que remitirá al Parlamento que prevé sancionar a las empresas y administraciones públicas morosas, además de fijar un plazo de pago máximo de 30 días. Esta norma será de obligado cumplimiento en los países miembros.
Para el presidente de la PMcM, Antoni Cañete, se trata de un “hito histórico sin precedentes, por el que hemos estado trabajando de forma permanente y del que se beneficiarán millones de autónomos y pymes en toda Europa, que son los que más sufren la lacra de la morosidad. Estamos muy orgullosos por haber contribuido significativamente con nuestras propuestas y reivindicaciones”.
Esta plataforma agrupa a entidades estatales, autonómicas y sectoriales, que en conjunto representan a cerca de un millón de empresas -con una cifra de negocio cercana a los 150.000 millones de euros- y que dan empleo a más de 4,5 millones de trabajadores y autónomos. Asimismo, la PMcM tiene reconocida en la propia Ley 15/2010 su legitimación activa en este ámbito.
Según la propuesta, cada Estado miembro designará una o varias autoridades responsables de la aplicación del presente Reglamento, que adoptarán las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de los plazos de pago.
Entre otras cuestiones, estas autoridades podrán imponer o iniciar procedimientos para la imposición de multas y otras sanciones y medidas cautelares a los sujetos responsables de la infracción, además de realizar inspecciones in situ sin previo aviso en el marco de sus investigaciones y exigir al deudor que ponga fin a la infracción.
Para Cañete, las sanciones son “imprescindibles” para reducir los plazos de pago. Tal y como ha venido reivindicando la PMcM desde su creación, “un régimen sancionador es el único camino para acabar definitivamente con la morosidad”.
Asimismo, los Estados miembros determinarán el régimen de sanciones aplicable a las infracciones del presente Reglamento y adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar su aplicación. Al respecto, Antoni Cañete espera que vaya en línea con la decisión de la UE, que sean “sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias”, tal y como se describe en el Reglamento.
Otro de los puntos más destacados del nuevo Reglamento está relacionado con la compensación por los costes de recuperación. Cuando se devenguen intereses de demora, el deudor deberá abonar automáticamente al acreedor una compensación a tanto alzado por los costes de cobro, que ascenderá a una cantidad fija de 50 euros por cada transacción comercial.
José María Torres es el presidente de COMPYMES y vicepresidente de la Fundación Pymec. Esta entidad empresarial está luchando por incorporarse a la mesa de diálogo social, donde ya están CEOE, CEPYME y los sindicatos UGT Y CCOO, pero parece que el freno a esa entrada es la propia vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. “Debe democratizarse el dialogo social, como se señala desde Europa”, aclara.
Hace unos días mantuvo una audiencia con Francine Armengol, nueva presidenta del Congreso de los Diputados, a la que explicó la problemática de este colectivo, que supone el 99,6 % de las empresas españolas. “Sobre la morosidad llevamos luchando muchos años para reducir el tiempo de pago. Que la Comisión lo ponga en 30 días aún nos beneficia más como colectivo”.
Sobre esta medida, afirma que “los primeros cálculos indican que ahora la propuesta debe ser vista por el Parlamento Europeo. Creo que antes de las elecciones de junio del 2024 en Europa estará implementada. No es sólo el reglamento, sino también la iniciativa de la compra pública, para que las licitaciones lleguen a las pymes, al igual que la necesidad de simplificación administrativa para evitar que se demore la puesta en marcha de los negocios por la carga burocrática existente que puede ser de meses”.
Este empresario es consciente de que “la polarización de la política, con tanta crispación en los partidos grandes, no nos permite avanzar para resolver ciertas cuestiones en nuestro Parlamento. Es evidente que con los problemas que tienen las administraciones públicas para pagar en 30 días “es difícil que lo puedan hacer por la inercia que tienen. Hay que darse cuenta de que muchas de las pymes y autónomos que cierran es por el problema de la morosidad, porque no pueden soportar estas dilaciones en los pagos
Como señalan otros expertos, “una de las claves va a ser qué autoridad va a gestionar la supervisión del Reglamento contra la Morosidad en nuestro país. “Habrá que ver si se crea una autoridad nueva o se va a utilizar alguna de las que ya existen en el mercado. El problema es que no hay Gobierno ahora. Está en funciones y no sabemos qué va a pasar”.
La otra cuestión que también se podría plantear crear un nuevo cuerpo de inspectores para que supervise la actividad de las empresas. Muchas dicen que pagan en el tiempo correcto, pero el paso previo a emitir la factura obliga a la pyme a una demora de meses. Esto es otra cuestión que este Reglamento quiere combatir”.
Desde su punto de vista, “ahora van a intervenir los grandes lobbies para intentar introducir mejoras en este Reglamento. La gran empresa, con Business Europe y la CEOE, intentarán minimizar esos cambios para que las modificaciones sean escasas. No es descartable que pidan una moratoria para aplicar este régimen reglamentario”.
Respecto a la compra pública, el presidente de CONPYMES recuerda que “el concurso público se lo lleva la gran empresa y luego lo subcontrata a la pyme. La gran empresa cobra a 30 días y luego paga a la pyme cuando quiere. Nosotros hemos trabajado el tema y planteamos que se pague directamente a la subcontrata o que la subcontrata tenga acceso con lotes más pequeños a esos concursos. Es un tema clave que la pyme acceda a la compra pública como pueda verse”.
Desde esta perspectiva, reconoce que “las pymes generamos el 70% del empleo, hay que darse cuenta de que muchas administraciones pagan a tiempo a la gran empresa, pero es esta empresa la que paga tarde. Eso no quita para aclarar que hay algunas administraciones que pagan tarde, pero también es importante que las pymes acceden a estos concursos públicos, pero no ha sido fácil hasta ahora”.
Respecto a la implementación del régimen sancionador, una de las asignaturas pendientes desde hace años en España, “contamos con la oposición de CEOE y CEPYME. Han llegado a decir en su Observatorio sobre la Morosidad que implementar ese régimen sancionador era perjudicial para las pymes, cuestión que no compartimos. Nosotros seguiremos luchando para que lo haya. Si se aplica el citado Reglamento Europeo ya habrá medidas sancionadoras importantes”.
Torres recuerda que en nuestro país “en el sector del transporte hay un régimen sancionador y eso hace que las grandes plataformas están pagando en los tiempos que estipula la ley. Ahora sería importante que se extendiera al resto de sectores de la economía. Cuesta, porque PSOE, PP y VOX están en contra. Con la aprobación de dicho régimen sancionador hemos llegado a más de 90 prórrogas en el Congreso de los Diputados para su aprobación”.
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