LA LEY DE LA SEGUNDA OPORTUNIDAD SERÁ MÁS RÁPIDA, BARATA Y EFICAZ
LA LEY DE LA SEGUNDA OPORTUNIDAD SERÁ MÁS RÁPIDA, BARATA Y EFICAZ
La Ley de la Segunda Oportunidad ha constituido un mecanismo legal de auxilio imprescindible para muchos particulares y autónomos que han experimentado situaciones de vulnerabilidad económica altamente preocupantes, ya que ha permitido a muchas personas insolventes renegociar sus deudas o incluso solventar parte de ellas sin tener que llegar a verse envueltos en una situación de quiebra insostenible.
Lo cierto es que desde su entrada en vigor en 2015, el número de deudores que se han acogido a este instrumento no ha dejado de crecer, aunque no ha sido hasta la llegada de la pandemia global de la COVID-19 cuando se ha producido un aumento verdaderamente notorio de usuarios. Los autónomos, principalmente, son los que se han visto más obligados a recurrir a la Ley de la Segunda Oportunidad para tratar de evitar un colapso económico irreversible, ya que la imposibilidad de facturar durante el confinamiento, la pasividad del gobierno ante su dramática situación y la necesidad de hacer frente a los gastos fijos sin apenas ingresos han llevado a muchos trabajadores por cuenta propia a ser declarados en concurso de acreedores.
A raíz de estos nuevos acontecimientos y de la necesidad de incorporar la directiva 2019/1023 a nuestro Derecho interno, se ha efectuado una reforma de la citada ley, con la que se solventan algunas deficiencias que ya habían sido advertidas por los profesionales que operan en el marco jurídico que envuelve el tráfico mercantil.
Entre los principales beneficios que trae consigo la nueva Ley de la Segunda Oportunidad, destaca, en primer lugar, la reducción del tiempo de su duración total, al establecer la no obligatoriedad del acuerdo extrajudicial de pago. Además, las actuaciones judiciales se resolverán exclusivamente en los Juzgados de lo Mercantil, lo cual agilizará aún más el proceso al tratarse de juzgados más especializados en la materia.
Por otra parte, la nueva ley trae una rebaja significativa de los costes del proceso, que según los cálculos de la Asociación de Ayuda al Endeudamiento, podría llegar a reducir hasta en un 25% su cuantía actual.
Asimismo, tras la reforma del artículo 486, la obligación de liquidar los bienes para obtener la exoneración desaparece (siempre que el concursado satisfaga una parte de los créditos no exonerables y parte de los exonerables), así como los requisitos para conservar la vivienda habitual.
Otra de las ventajas de la nueva ley radica en la condonación de deudas públicas expresamente prohibidas antes de la reforma, ya que a partir de ahora será posible la exención de pago de 10.000 € a cada administración, quedando el resto de la deuda sometida al plan de pagos.
Según la Asociación de Ayuda al Endeudamiento, la nueva reforma no disminuirá el creciente aumento de los concursos, sino todo lo contrario, ya que los beneficios que incorpora la reforma servirán de atractivo para aquellas personas o empresas que se encuentren en situación de insolvencia. De hecho, todo apunta, teniendo en cuenta la reforma concursal y las consecuencias derivadas de la inflación desmedida que atraviesa la economía española actualmente, que la apertura de nuevos procesos concursales en el año 2023 se multiplicará considerablemente.
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