LA DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCEDIMIENTOS JUDICIALES EN ESPAÑA SUPERA LOS 25 MESES
LA DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCEDIMIENTOS JUDICIALES EN ESPAÑA SUPERA LOS 25 MESES
En España, según la encuesta Los españoles y la Justicia, realizada por Metroscopia para el Consejo General del Poder Judicial, el 72% de los encuestados afirma que la justicia es lenta y el 79 % que los recursos de los que dispone son insuficientes para garantizar una actuación eficiente.
A pesar de que los ciudadanos españoles valoran el Poder Judicial como el mejor de los tres poderes del estado, la Administración de Justicia adolece de una serie de problemas estructurales de tal envergadura que llegan a provocar la vulneración de algunos derechos fundamentales, como la tutela judicial efectiva consagrada en el artículo 24 de la Constitución Española, o el derecho a “un proceso público sin dilaciones indebidas”, recogido en el mismo precepto.
En efecto, diversos estudios permiten constatar que en España, la duración de los procedimientos judiciales suele superar los dos años de media, desde que se interpone la denuncia que da comienzo a la fase declarativa, hasta que se dicta el fallo o la sentencia tras haber pasado por todas las instancias judiciales pertinentes.
El ámbito Civil encabeza la lista de los procedimientos que más se dilatan en el tiempo, con una media de duración de 38,9 meses si el caso ha de ser elevado al Tribunal Supremo. En segundo lugar, le sigue la jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, cuyos procedimientos alcanzan los 39,9 meses de duración. Finalmente, la jurisdicción Social ocupa el tercer puesto en cuanto a dilación de sus procesos se refiere, debiendo esperar los ciudadanos para ver satisfechas sus pretensiones en este ámbito unos 34,6 meses.
Por suerte, los procesos penales no se alargan de una manera tan excesiva en el tiempo, aunque tampoco reflejan datos que permitan calificar el funcionamiento de esta jurisdicción como “eficiente”, siendo la duración media de este tipo de procedimientos de 14,3 meses.
A todo ello hay que sumarle, además, el diferente funcionamiento y asignación de recursos con los que las distintas jurisdicciones operan en función de la comunidad autónoma, lo cual acrecienta la indefensión de aquellos ciudadanos que residan en un territorio en el que la Administración de justicia funcione de manera más ineficiente, en comparación con la de aquellos otros en cuya Comunidad Autónoma el sistema funcione mejor, lo que provoca que no todos los ciudadanos pertenecientes a un mismo país disfruten de los mismos derechos.
Estos retrasos en la resolución de los procedimientos judiciales han llegado incluso al Tribunal Constitucional, que ha admitido a trámite un recurso de amparo y se pronunciará en un fallo que se espera para el próximo mes de septiembre, sobre si la jurisdicción ordinaria podría estar incumpliendo sistemáticamente el derecho a una tutela judicial efectiva.
Abogados en Alicante Senent Blanco & Asoc.
LA DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCEDIMIENTOS JUDICIALES EN ESPAÑA SUPERA LOS 25 MESES